La reforma universitaria no fue una discusión entre políticos. Fue una discusión sobre el derecho de miles de jóvenes a recibir una educación superior de calidad.

Durante años, muchas universidades operaron sin estándares mínimos de calidad, ofreciendo títulos sin garantizar condiciones adecuadas de enseñanza, investigación o infraestructura. La reforma universitaria buscó corregir esa situación estableciendo reglas claras para todas las instituciones y colocando en el centro el derecho de los estudiantes.

Gracias a la reforma se fortalecieron los mecanismos de supervisión, se impulsó la investigación, se incrementó la inversión pública en las universidades y se promovió una cultura de mejora continua en todo el sistema universitario.

La oposición a estas medidas no provino únicamente de diferencias académicas. También respondió a intereses de grupos que se vieron afectados por las nuevas exigencias de calidad y por una supervisión más rigurosa.

Los promotores de la contrarreforma reactivaron acusaciones que ya habían sido difundidas anteriormente, incluyendo la falsa versión de que mi esposo se habría beneficiado de millonarias consultorías vinculadas al Ministerio de Educación. Asimismo, difundieron la idea de que existían conflictos de interés por las consultorías que realicé para el sector antes de ser ministra.

Mi defensa de la reforma universitaria siempre tuvo un objetivo: que todos los jóvenes, independientemente de su origen o de la universidad en la que estudien, tengan acceso a condiciones básicas de calidad que les permitan desarrollar su talento y construir un mejor futuro.

La calidad educativa no debe ser un privilegio para unos pocos. Debe ser un derecho para todos.